"Eliminación de la inmunidad parlamentaria: ¿AVANCE O RETROCESO?"

Por Josué Mauro Marocho Orué ✍📚🏛

       Sin duda la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de altos cargos dentro de la administración pública, representa hoy en día un acontecimiento histórico, polémico y/o controvertido; asimismo, la opinión pública y aceptación congresal, representa el anhelo  de los partidos políticos a vísperas de la campaña electoral.

       Siendo así, la polémica se desató después de que el Congreso de la República no aprobara la reforma constitucional que eliminaba la inmunidad parlamentaria; motivo por el cual, el presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, en un mensaje a la Nación [1], refirió que esta reforma se sometería a referéndum para que el pueblo decida al respecto.

    Como consecuencia de este anuncio, los legisladores alarmados, reconsideraron su decisión y en menos de lo que canta un gallo, aprobaron bajo mayoría absoluta ésta reforma constitucional; sin embargo, la sorpresa no se hizo esperar ya que, los legisladores habían eliminado no solo la inmunidad del Poder Legislativo, sino también de todos los altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente de la República, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Jueces Supremos y Fiscal de la Nación.

      Muchos felicitaron esta medida, que dicho sea de paso, rompe los blindajes a altos funcionarios públicos, tal es el caso del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry o del juez supremo César Hinostroza; empero, no se tomó en consideración la autonomía e independencia institucional de los  órganos más grandes del Estado, tal como lo refirió el el penalista Luis Lamas Puccio. 

        Por otro lado, la presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Elena Ledesma, criticó esta reforma constitucional y no descartó recurrir a instancias internacionales a fin de velar por la autonomía de la institución que representa. Asimismo, muchos constitucionalistas del Consejo Consultivo de la Comisión Constitución como Fernando Tuesta Soldevilla, Juan Carlos Ruiz Mollenda, Samuel Abad, Javier de Belaunde y Violeta Bermúdez Valdivia [2], renunciaron a dicha instancia en señal de rechazo a la reforma constitucional aprobada.

      Por su parte, el impulsor de esta medida, Omar Chehade [3] , refirió: “La inmunidad parlamentaria se ha constituido en un mecanismo eficaz a la hora de impedir detenciones por delitos comunes y resulta siendo un escudo frente a la Ley y la justicia, en perjuicio de la imagen del Legislativo y de la Democracia, creando una casta de ciudadanos privilegiados a los que la Ley y la justicia no alcanzan. Esto debe acabarse”.

      Sin duda esta reforma constitucional a posteriori desatará mucha polémica, ya que se espera su ratificación en la Segunda Legislatura Ordinaria, la misma que debe obtener un respaldo favorable a 87 VOTOS (mayoría absoluta),  para hacer realidad esta enmienda constitucional.   

      Por lo que podemos concluir , que la institución de la "inmunidad parlamentaria", como mecanismo de protección y defensa legal de buenos funcionarios, fue eliminada debido a su desnaturalización y uso indebido en la protección de funcionarios corruptos; la misma que trajo como consecuencia el rechazo popular, propuesta de campaña electoral y subsecuente proyecto de reforma constitucional que fue aprobada.

FUENTES

[1] La República

[2] Plataforma virtual del Congreso de la República

[3] LP- Pasión por el Derecho